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En 2014, el Gobierno decidió impulsar medidas para parar los efectos de los fracasos profesionales provocados por la crisis y las consecuencias de estos en un gran número de autónomos. Es lo que se ha denominado como “segunda oportunidad”, un concepto que, sin embargo, no ha calado entre los integrantes de este colectivo, como demuestran los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo, elaborado por la Confederación Intersectorial de autónomos del estado español (CIAE).

 En concreto, esta medida está orientada al fomento de la segunda oportunidad y considera que la vivienda familiar es un bien inembargable, ya que busca dotar de solidez al grupo familiar. No obstante, para poder optar a este derecho los autónomos deben convertirse en emprendedores con responsabilidad limitada y el valor de su vivienda no puede exceder los 300.000 euros.

La reciente aprobación de la misma puede explicar su desconocimiento por parte de los integrantes de este colectivo, pues únicamente un 1% de los encuestados señaló haberse acogido a la misma. Asimismo, uno de cada cuatro sostuvo que le resultaba muy caro adherirse a la misma.

En lo que respecta a los motivos por los que decidieron no acogerse a esta medida, la mayoría de las respuestas oscilaron en la misma dirección: no la conocían. Así, uno de cada dos autónomos interrogados dijo que no sabía de su existencia, lo que para los organizadores del estudio supone “nuevamente una brecha entre las medidas adoptadas y el desconocimiento por parte de los destinatarios”.

Medida “insuficiente”

De igual modo, los autónomos fueron preguntados por la suficiencia de esta medida, en lo que respecta a las garantías de paliar las consecuencias de un fracaso profesional, y la mayoría sostuvo que se trata de una solución insuficiente. En este sentido, la principal limitación que aparecía es la financiación de nuevos proyectos.

 En lo que respecta a la valoración personal que hacen de este propósito, un 57% considera que es insuficiente, solo un 20% que es suficiente y otro 22% dijo que no le afectaba directamente. Finalmente, los que se acogieron a la segunda oportunidad valoraron los trámites que debieron llevar a cabo lo que en su opinión fueron “excesivos” en la mayoría de los casos.
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