Carlos Alberto, residente en Bilbao, ha iniciado un proceso legal contra ID Finance Spain, S.L.U. (MONEYMAN), con sede en Barcelona, por un contrato de préstamo al consumo. Carlos busca la nulidad de varias cláusulas del contrato debido a presuntas prácticas abusivas. Entre las peticiones, destaca la solicitud de restitución de cantidades abonadas en exceso y la declaración de nulidad del contrato por posible usura, según la Ley de 23 de Julio de 1908.
La demanda fue inicialmente remitida al Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Barcelona, pero se declaró incompetente y se trasladó al Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Bilbao. Sin embargo, este último también se declaró incompetente, generando un conflicto negativo de competencia.
Este caso arroja luz sobre la complejidad de determinar la competencia territorial en situaciones de acumulación de acciones. La cuestión se centra en si las acciones presentadas constituyen una sola acumulación simple o acciones independientes. Aquí se unifica la doctrina en torno a la acumulación de acciones de nulidad de cláusulas abusivas y la nulidad del contrato por Ley de Usura.
Finalmente, la competencia territorial se determinó en favor del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Bilbao, estableciendo así un precedente importante en la jurisprudencia relacionada con la protección de los consumidores en casos de contratos financieros. Este caso resalta la importancia de unificar criterios para garantizar una administración de justicia coherente y equitativa.
